“Tuve que salir de Colombia para que no me mataran por protestar”

Álvaro Herrera aparece a medio cuerpo al otro lado de la pantalla. Está vestido con una camiseta y su pelo está amarrado con una coleta. Se ve cansado. Está cansado. Las últimas semanas no ha podido dormir bien. No había planeado dejar su país y menos como lo tuvo que hacer, de un día para otro, de emergencia, exiliado. Herrera fue la imagen de la persecución que vivieron los jóvenes durante las protestas del año pasado en Colombia. Es la cara de los que siguen sufriendo hoy, cuando ya han pasado varios meses de esos días en los que civiles armados salían a apuntar a cualquiera que se atreviera a manifestarse contra el Gobierno y la policía detenía arbitrariamente a quien quisiera, al que estuviera en la calle.

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“La intimidación se ha hecho más fuerte”

Sebastián Caballero, abogado de Álvaro Herrera y de otros tantos jóvenes que protestaron el año pasado, cuenta que el caso del estudiante de Música, que tuvo que salir del país por amenazas tras las manifestaciones, no es el único. También lo tuvo que hacer Noé Muñoz, un estudiante de Diseño Gráfico de la Universidad de San Buenaventura. “Después de que ellos y otros estudiantes decidieron empezar un proceso legal contra el Ministerio de Defensa, la Policía y los civiles que indiscriminadamente salieron a disparar en la ciudad de Cali a los protestantes, la intimidación se ha hecho más fuerte”, cuenta por teléfono el abogado, representante de los estudiantes en el caso.

La próxima semana el proceso tendrá una nueva etapa, en la que está citado uno de los civiles que quedó registrado en cámaras de teléfonos celulares apuntando y disparando a los jóvenes y a los indígenas que intentaron unirse a las marchas en Cali y que fueron recibidos a balazos por civiles, ante los ojos de la policía. La denuncia presentada por los jóvenes, con la representación legal de Caballero, se hizo por los posibles delitos de de secuestro agravado, tortura agravada, lesiones personales, fraude procesal, concierto para delinquir agravado, desaparición forzada y homicidio en grado de tentativa. El abogado también representa a las familias de las víctimas mortales que dejaron esos días en que estudiantes salieron con la idea de marchar, sin imaginar que algunos no regresarían a casa.